ANTE LA CALUMNIA, LA JUSTICIA.

El juez de la Audiencia Nacional, Grande-Marlasca ha llamado a declarar el próximo lunes en calidad de imputado a José Antonio Barroso por los insultos e imputación de diversos delitos en la persona del Rey Don Juan Carlos I realizados el pasado mes de abril en un acto pro-republicano en la ciudad de San Roque. Barroso, que tiene la habilidad de ser noticia en los medios de comunicación no por su capacidad de gestión al frente del Ayuntamiento de Puerto Real, sino por las anecdóticas propuestas y brabuconadas típicas de barra de bar a la que nos tiene acostumbrado, se encuentra en extasis prerevolucionario. Todo esto va a quedar en unos titulares de prensa y en la escalada de sus acciones políticas dentro de la coalición comunista que ha llegado al culmen de superación al convertirse en una fuerza casi extraparlamentaria en el Congreso de los Diputados tras cuatro años llevándole el botijo a Zapatero y votándo junto a Esquerra Republicana cuatro Presupuestos Generales del Estado donde se han ido incremnetando progresivamente las partidas presupuestaria para el mantenimiento de la Casa Real y por tanto, la consolidación de la Monarquía Parlamentaria. Cuatro años, y Llamazares, Valderas y Barroso sin rechistar. Llamar a Don Juan Carlos I "rémora franquista" es insultar a la inmensa mayoría de españoles que agradecemos al Rey de Todos los Españoles su actitud decisiva para lograr una transición modélica desde la Dictadura hasta la Democracia. Pero Barroso y su tropa revolucionaria tienen todo el derecho que les consagra nuestra Constitución para discrepar de la inmensa mayoría de los españoles. Tienen todo el derecho de calificar a la Monarquía como institución del pasado, ineficaz y obsoleta, pero lo que no puede hacer este individuo es imputar una serie de delitos al rey como el de insinuar que obtuvo 6 millones de dólares de los presupuestos de la Casa Real para intentar paralizar el proceso de expropiación de RUMASA que había iniciado el primer gobierno socialista de Felipe González en 1982. Si quedase impune esta acusación que Barroso sustenta en lo leído en diversos libros de dudosa credibilidad, supondría la apertura de una línea de hacer política en el que cualquier indicio leído en cualquier medio de comunicación daría carta de naturaleza para llamar de todo a cualquier responsable público... hasta el Rey quedaría impune. Reconozco que teniéndo en cuenta que Barroso es bastante cobarde y sus declaraciones no serán tan contundentes el próximo lunes en la Audiéncia Nacional frente al juez Marlasca, esto quedará en una mera anécdota que puede abrir la espita para que la política se base en insultar y descalificar sin argumentos al adversario y no en la capacidad de gestión de los asuntos públicos.