Hoy nos hemos desayunado en todos los medios de comunicación la siguiente noticia:
El PSOE ordena a sus concejales exigir que la Iglesia pague IBI
El PSOE presentará una moción en todos los Ayuntamientos —gobierna en 2.500— para que cada uno elabore un censo de los inmuebles que son propiedad de la Iglesia, con el objeto de cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por aquellos que no estén destinados al culto. Los socialistas esperan que así los municipios puedan recaudar ese tributo por los pisos, garajes o lonjas que estén a nombre de la Iglesia y de otras confesiones...
Nuevamente, cuando los socialistas se encuentran en dificultades electorales y sufren el descrédito generalizado por su pésima gestión durante los últimos años de gobierno, únicamente se les ocurre arremeter contra la Iglesia Católica.
No seré yo quien tenga de defender a la Iglesia, pero parece un sarcasmo que el partido político que desde 1982 ha acumulado más poder político y económico en nuestro país, sea ahora cuándo se da cuenta de esta circunstancia y las imprevisibles consecuencias que su puesta en funcionamiento pueda acarrear.
Soy partidario de que la Iglesia Católica asuma sus responsabilidades con el resto de la sociedad como todo hijo de vecino, pero también entiendo que por las mismas circunstancias, la Iglesia puede poner en valor su ingente trabajo solidario en favor de los menos favorecidos (y en numerosas ocasiones, olvidados por las administraciones públicas), siendo el saldo sobradamente a favor de los católicos.
Es despreciable que Rubalcaba y sus muchachos estén aprovechando unas circunstancias de necesidad para volver a recurrente odio de la izquierda hacia la Iglesia Católica, pero la falta de credibilidad y la necesidad de recuperar el voto más radical de la izquierda, les hace adoptar estas iniciativas que vienen más a sembrar el odio que a resolver verdaderamente los profundos problemas que hemos heredados de su incompetente gestión.
Rubalcaba, lo que debería hacer, ya va tarde, es ayudar a resolver la grave situación económica de los ayuntamientos, exigiendo a aquellas comunidades donde gobiernan como en Andalucía a que paguen sus impuestos a los municipios. La Junta de Andalucía no ha pagado NUNCA los IBIs del extenso parque de vivienda pública a los ayuntamientos que han tenido que suplir esos desequilibrios económicos detrayéndolos de la calidad de otros servicios municipales.
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